martes, 20 de enero de 2015

Este jueves se cumplen ocho años desde que Rafael Correa asumió su primer período como presidente de Ecuador. Desde entonces, ese país ha sido escenario de una serie de reivindicaciones sociales que reflejan una importante evolución en materia de economía.

Rafael Correa es presidente de Ecuador desde el 15 de enero de 2007.
Desde el 2007, el presidente Rafael Correa ha liderado la transformación de Ecuador. Luego de décadas de ser uno de los países más pobres de la región, el Gobierno ha realizado una serie de reformas profundas que han beneficiado a las mayorías excluidas.
Al hacerlo, Ecuador se ha unido a Bolivia y Venezuela en el rechazo a las políticas de libre mercado que fueron impuestas en Latinoamérica. Tal como dijo el presidente Correa en 2014, “el pueblo debe prevalecer sobre el capital”, agregando que la política se trata de intereses a los cuales el Gobierno sirve, “¿A las élites o a las mayorías? ¿El capital o la humanidad? ¿El mercado o la sociedad? Las políticas y los programas dependen de cómo se distribuya la balanza de poder”.
Rafael Correa, un economista y profesor universitario, ascendió al poder en las elecciones generales de 2006. Antes de su llegada a la presidencia, Correa sirvió como ministro de Economía durante el Gobierno interino de Alfredo Palacio, vicepresidente del depuesto presidente Lucio Gutiérrez.
Gutiérrez fue el séptimo presidente derrocado en sólo una década. El país vivió una incesante inestabilidad política luego del colapso de la economía debido a la crisis bancaria de 1999, que desencadenó en la adopción del dólar estadounidense como moneda nacional al año siguiente. El desempleo se elevó a niveles escandalosos y uno de cada diez ecuatorianos se fue del país para escapar a la crisis.
Como ministro de Economía, Correa expresó su oposición a los planes del Ejecutivo de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos. Renunció luego de que el Banco Mundial congelara un importante préstamo, como rechazo a las políticas implementadas por el propio Correa, y por la falta de apoyo del presidente de aquel entonces.
De cara a la campaña de 2006, Correa y varios políticos ecuatorianos fundaron el Movimiento Alianza PAIS, y propusieron la redacción de una nueva constitución para resolver la crisis que enfrentaba la nación.
La nueva constitución fue aprobada en referendo popular en 2008, apenas un año de asumir la presidencia.
Desde ese entonces, la Revolución Ciudadana -un nombre elegido por los seguidores de Correa para conmemorar las masivas manifestaciones que depusieron a varios presidentes- ha fortalecido el Estado ecuatoriano.
Luego de cinco años, el Gobierno ha mejorado significativamente la economía hasta convertirse en una de las líderes en la región, con un crecimiento promedio de 4,2 por ciento durante los últimos siete años. Esto se ha alcanzado a pesar de que Correa llegó a la presidencia en medio de una crisis global y no tener una moneda propia.
Ese crecimiento fue matizado por la inversión social, que se ha incrementado tres veces, representando el 15 por ciento del Producto Interno Bruto, asegurando que la riqueza se distribuya a todos los ecuatorianos. El índice de pobreza ha caído un tercio, con un millón 100 mil personas que lograron salir de ella desde 2007.
La desigualdad ha caído más rápido en Ecuador que en cualquier otro país de la región, con el más bajo índice de desempleo en su historia en 4,9 por ciento.
La Revolución Ciudadana ha impulsado políticas innovadoras para asegurar una mayor justicia social. Por ejemplo, el salario mínimo se incrementó a 354 dólares, uno de los más altos en Latinoamérica, pero al mismo tiempo ha evitado que las compañías obtengan sus dividendos si no les asegura a los trabajadores un nivel de vida digno.
Años después que las políticas debilitaran a las instituciones públicas, la Revolución Ciudadana ha restaurado el rol del Estado al tiempo que garantiza la salud y la educación gratuita, incluyendo el nivel universitario. Ahora Ecuador tiene el segundo nivel más alto en el mundo de inversión pública en educación.
Para financiar todo esto, el Gobierno de Correa ha frenado la evasión de impuestos, un problema grave que estaba desangrando los ingresos. Ecuador ahora capta tres veces más en impuestos que en 2006.
Como resultado de este cambio social, Correa ha sido catalogado como uno de los presidentes más populares de América Latina durante su administración.
Incluso, la estabilidad política ha retornado a la nación andina. El Presidente fue reelegido en 2009 -luego de la adopción de una nueva constitución- y en las elecciones de 2013. El apoyo popular lo ayudó a ganar los referendos de 2007, 2008 y 2011. En total, Correa y sus simpatizantes han ganado diez elecciones desde 2007.
La lucha contra la discriminación también ha sido uno de sus ejes, contrario al pasado. Durante su campaña presidencial de 2006, el presidente Correa le habló a su pueblo en Quechua, una de las lenguas más utilizadas por los indígenas de su país, que presentaba peligro de extinción. En 2007, con la ayuda del Gobierno de Venezuela, se inauguró la primera estación de televisión pública. Junto a la estatal de radio, promovieron programas en Quechua y otros lenguajes indígenas. Esto ha
incrementado el uso de varias lenguas indígenas nativas en peligro de extinción.
También, se han implementado leyes para proteger a las minorías, incluyendo una ley que obliga a las compañías a reservar el 4 por ciento de los empleos para las personas con discapacidad, y otros porcentajes para otros grupos étnicos, tales como los grupos indígenas y las comunidades afroecuatorianas, para así bajar las brechas de inequidad.
Lo mismo se ha aplicado para el sistema de educación superior del país, donde la inclusión de las comunidades indígenas y afroecuatorianas se han incrementado considerablemente.
Con la nueva Ley de Medios, aprobada en 2013, las comunidades indígenas también dispondrán de mayor acceso a los medios. La ley asigna 34 por ciento de las frecuencias de radio y televisión a los grupos indígenas. Hasta ahora, 14 frecuencias de radio han sido asignadas a la misma cantidad de grupos indígenas existentes en el país. El Gobierno también provee entrenamiento y apoyo financiero para apoyar a los medios pequeños, en un esfuerzo por continuar promoviendo las lenguas nativas y los intercambios culturales. Para 2015, se tiene planeado aumentar esa cantidad a 54 frecuencias.
En el plano internacional, el Gobierno de Correa cerró la base militar de Manta, bajo mando de los Estados Unidos, tomó control del petróleo y sus recursos naturales, alejándose de la dominación de las multinacionales, y cancelando la deuda internacional, la que Correa ha explicado que equivale tres veces lo invertido en servicios sociales en el pasado.
Como resultado, una feroz oposición surgió de la vieja élite y sus aliados en Washington. Se perpetró un golpe de Estado en 2010. El Presidente, que estaba recién operado de la rodilla, se dirigió al hospital donde un grupo de policías sostenían una protesta, siendo atacado con bombas lacrimógenas y secuestrado.  Al cabo de varias horas de estar atrapado dentro del recinto, una movilización popular con la colaboración de tropas élite ayudaron al presidente Correa a escapar. Las evidencias y documentos revelaron que los policías que intentaron asesinarlo a tiros, tenían el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), y recibieron financiamiento al igual que los grupos opositores. A pesar de la amenaza directa, Correa continuó impulsando una política exterior independiente y otorgó el asilo a Julian Assange en 2012, quien se encuentra en la embajada de Ecuador en Londres.
Otra transformación alcanzada por la Revolución Ciudadana fue la reestructuración del sistema judicial. Con la ayuda de asesores legales de Brasil y Chile, el Gobierno renovó la Corte Nacional de Justicia, y reemplazó los antiguos procedimientos.
La reforma judicial fue clave para enfrentar los abusos a los derechos durante la presidencia de León Febres Cordero.
El Gobierno de Correa estableció una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos en el país entre 1984 y 2008. Hasta ahora, nueve personas han sido encarceladas por crímenes de lesa humanidad, por su implicación en torturas y asesinatos durante el mandato de Cordero.
Tal como dijo el famoso revolucionario y cantante cubano Pablo Milanés, la Revolución Ciudadana “es una de las más auténticas revoluciones en América Latina”.

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