En el mensaje del viernes 30 de enero, Cristina Fernández, cargó contra el sector del Poder Judicial que se ha erigido como bastión opositor en los últimos años, en este caso apuntando contra el fiscal ante la Cámara del Crimen y vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en representación de los fiscales, Ricardo Sáenz, que había criticado a la mandataria por opinar sobre la causa que investiga la muerte de Nisman. Sáenz es el superior de Viviana Fein, la fiscal del caso Nisman y subordinado de la Procuradora general, Alejandra Gils Carbó
“Quiero decirle que todos los argentinos somos iguales. Que la libertad de expresión y la libertad de prensa es para los 40 millones, incluida la Presidenta, y no solamente para los que insultan, agravian o descalifican al Gobierno”, remarcó la presidenta en cadena nacional.
En esta investigación del equipo de investigacion nacional del año 2013, queda demostrado no solo quien es el fiscal Sáenz (entre otras cosas, falló a favor de las leyes de impunidad y fue desplazado de la justicia penal por liberar a un narco), sino que ofrecemos las escuchas telefónicas donde hace “Forum shopping” junto al jefe de asuntos jurídicos de la Policía Federal.
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El vicepresidente de la Asociación de Magistrados, uno de los fiscales convocantes a marcha del próximo 18 de febrero al cumplirse un mes de la muerte de Alberto Nisman, se pronunció por la “constitucionalidad” y “validez” de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que dieron impunidad a los represores de la dictadura.
Sáenz realizó una presentación judicial el 15 de abril de 2003 en el marco de un planteo del último jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, quien era el titular del Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo, por donde pasaron varias de las víctimas de torturas y asesinatos, según informó hoy el diario Tiempo Argentino.
En la causa, que investigaba el secuestro y desaparición en 1980 de más de 20 militantes de la organización Montoneros, el juez federal Claudio Bonadio y la Sala II de la Cámara Federal habían dictado la nulidad e inconstitucionalidad del Punto Final y Obediencia Debida a la hora de procesar al ex dictador Leopoldo Galtieri junto a otros ex jefes castrenses.
La defensa del procesado Nicolaides apeló ambas resoluciones ante el tribunal de alzada.
Al momento de los hechos, Nicolaides era el titular del Comando de Institutos Militares, con sede en Campo de Mayo, por donde pasaron varias de las víctimas.
Sáenz, en su pronunciamiento, se basó en que ambas normas (Punto Final y Obediencia Debida) eran anteriores a la reforma constitucional de 1994 que incorporó los acuerdos internacionales contra delitos de lesa humanidad.
En ese marco, el actual fiscal general en lo Criminal y Correccional sostuvo que las leyes mantenían su vigencia, por lo que se debía respetar el principio de irretroactividad de la legislación.